EL PLAZO DE LA FISCALIZACIÓN PARCIAL: ¿6 MESES? ¿O HASTA QUE A SUNAT LE DE LA GANA?
Hoy en día, la SUNAT viene interpretando – y aplicando en todas sus fiscalizaciones – que el plazo establecido por el Código Tributario tanto para la fiscalización parcial como la definitiva están previstos para, exclusivamente, fijar un límite temporal para que la Administración Tributaria pueda requerir al contribuyente información y en consecuencia, puede seguir abierta la fiscalización y no respetar el mencionado plazo; es decir, excederse groseramente del tiempo establecido por la Ley; perjudicando innecesariamente al contribuyente.
Inclusive, la autoridad fiscal viene señalando expresamente, a través del Área Operativa de Atención de Quejas, que el plazo de los 6 meses previstos para la fiscalización parcial sólo determina el periodo y/o lapso que la División de Auditoría dispone para solicitar información y bajo esa lógica, pueden excederse más del plazo indicado por la Ley.
Así, a título ilustrativo, podemos mencionar el caso de las empresas exportadoras que han solicitado la devolución del Saldo a Favor del Exportador y que son pasibles de una fiscalización parcial y dicho procedimiento no se culmina en el tiempo previsto en la normativa legal; circunstancia que genera un gran perjuicio financiero, que se evidencia en el hecho que, si no se cierra la fiscalización, no se podría iniciar el procedimiento de devolución, propiamente dicho y la materialización de la devolución se extiende inexorablemente.
La interpretación antes indicada -desde nuestra perspectiva- es bastante peculiar; pues, dista mucho del sustento de las modificaciones introducidas al Código Tributario, en relación con el tiempo que el órgano administrador de tributos podía permanecer en las empresas, razón por la cual se fijó un límite temporal para este cometido; sin embargo, resulta que ahora aplicando una “interpretación auténtica” y que descontextualiza lo manifestado por el Tribunal Fiscal, los habilita para permanecer muchísimo más tiempo en las oficinas de los contribuyentes, generando con ese accionar serios perjuicios.
Situación que no compartimos y en esa medida se efectuará un breve comentario sobre las disposiciones del Código Tributario que la SUNAT no toma en cuenta:
1. Del plazo previsto por el Código Tributario (CT) para la Fiscalización Parcial
De la lectura conjunta de los Artículos 61° y 62-A del CT, se desprende claramente que el procedimiento de fiscalización parcial debe efectuarse en un plazo de 6 meses, computado a partir de la fecha en que el contribuyente entregue la totalidad de la información y/o documentación solicitada por la SUNAT. Este plazo es claro y debe ser aplicado por la Administración Tributaria.
Resulta inaceptable que la Entidad Administrativa entienda dicho dispositivo en otro sentido; pues, nos llevaría a asumir que los auditores podrían quedarse todo el tiempo del mundo en las empresas sin ninguna limitación, con los costos administrativos y operativos que ello implica para las compañías. Más aún si se tiene en cuenta los alcances y finalidades de la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo N° 1113, norma que fijó el plazo de los 6 meses para la fiscalización parcial:
“En efecto, establecer la posibilidad de fiscalizar a los administrados por un aspecto especifico permitiría:
a. Utilizar de forma más productiva los recursos de fiscalización y generar menos costos administrativos en los contribuyentes fiscalizados.
b. Diseñar programas de fiscalización simples y sencillos que insuman menor tiempo al agente fiscalizador.
(…)”
No hay duda que la fiscalización parcial se introdujo con el fin de evitar los costos administrativos y/u operativos en los contribuyentes y en la propia Administración, lo cual no se condice con la postura adoptada por la SUNAT sobre el plazo de los 6 meses.
2. Disposiciones normativas que determinan un plazo: El caso de la ampliación de la fiscalización Parcial a una Definitiva
Normalmente, cuando la SUNAT considera que su fiscalización parcial no puede culminarse dentro del plazo de los 6 meses, se encuentra facultada a ampliarla a una Fiscalización Definitiva. En efecto, la Administración Tributaria tiene la facultad de ampliar el procedimiento de fiscalización parcial a otros aspectos que inicialmente no estaban incluidos o convertirlo en un procedimiento de fiscalización definitiva, previa comunicación formal al contribuyente. Esto coadyuva a defender la postura que el plazo de la fiscalización parcial no puede ser indefinido y que debe ceñirse a los plazos previstos por el Código Tributario.
Situación que se refuerza en el hecho que, la SUNAT está obligada a notificar al contribuyente un mes antes de cumplirse el plazo de los 6 meses, mediante carta, las causales y periodos de suspensión, así como el saldo de los plazos de fiscalización, tal como se aprecia del Artículo 14° del Reglamento de Fiscalización de la SUNAT[1].
No obstante, el Tribunal Fiscal ha publicado la RTF N° 02162-Q-2018, que constituye precedente de observancia obligatoria, en el que la controversia radica en determinar si la ampliación de la fiscalización parcial en definitiva debe efectuarse antes del vencimiento del plazo de los 6 meses o se puede materializar inclusive después de vencido dicho plazo; sin embargo, en el análisis del referido caso, se han señalado algunas ideas vinculadas al plazo de la solicitud de información que se puede realizar al contribuyente; y en esa medida, entendemos que la SUNAT ha descontextualizado lo esgrimido por el Colegiado, que resulta aplicable al tema concreto.
Cabe advertir que, si el sentido de los argumentos expresados por el Tribunal Fiscal respecto de los Artículos 61° y 62°-A del Código Tributario, en rigor, no guardasen coherencia con los plazos máximos para fiscalizar previstos en las normas antes citadas y se expresaran en el plazo para requerir información, consideramos que se estaría vulnerando el Principio de Legalidad y otros, previstos en el Artículo 139° de nuestra Constitución Política y en la Ley del Procedimiento Administrativo General, entre otros, el principio de celeridad, regulado en el numeral 1.9 de la Norma IV del Título Preliminar de la citada Ley, el cual señala que la actuación de la Administración debe ser diligente y en un plazo razonable.
En esa medida, consideramos que sería de vital importancia que dicho supuesto sea debidamente aclarado mediante alguna norma, que permita mantener coherencia con lo indicado por la Ley (Código Tributario) y se respete el Principio de Seguridad Jurídica y Celeridad (Simplicidad) y orientar de manera adecuada la actuación de los funcionarios de la SUNAT y evitar contingencias tributarias, cuyos efectos nefastos recaen en el contribuyente.
ENRIQUE
ALVARADO GOICOCHEA
SOCIO
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Teléf.: 993 405 524 / (01) 7100 224 Anexo 250
[1] A partir del 21.03.2016, mediante el Decreto Supremo N° 049-2016-EF, esta obligación no se aplica a los siguientes casos: i) cuando el contribuyente a partir del segundo requerimiento no presente la documentación requerida por la SUNAT; y ii) en los casos en que el administrado solicite la prórroga por el plazo que esta dure. En los demás casos, la referida obligación se mantiene.